Cómo afectará la nueva ley de Formación Profesional a los trabajadores de Andalucía

• La Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional pretende utilizar la FP como un catalizador de transformación económica y social del país.
• La sobrecualificación, la falta de conocimientos en Nuevas Tecnologías y el desempleo como los grandes retos del momento.
• Organismos públicos, empresas y centros educativos alineados para lograr el fortalecimiento de la competitividad del país y el tejido productivo.

09 de mayo de 2023. En Andalucía, la formación del tejido productivo está cambiando de la mano de un contexto económico y financiero internacional de incertidumbre. Actualmente, el número de matriculados en estudios universitarios es mayor que el de los que optan por la Formación Profesional, pero la diferencia viene disminuyendo desde hace un par de años. En comunidades autónomas como Andalucía, la sobrecualificación es un hándicap a resolver.

Su tasa alcanza el 7% de la población activa, sin embargo, un tercio de los graduados superiores ocupa una posición inferior a su nivel de estudios.

Según pone de manifiesto el último Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Formación Profesional podría resultar la fórmula para resolver el desempleo y la falta de conocimientos útiles cuando se entra en contacto con las empresas, y es que la tasa de empleabilidad de la Formación Profesional (42,2%) supera en casi cuatro puntos a la universitaria (38,5%).

Como respuesta a este proceso de cambio, administraciones públicas, empresas y centros educativos se han unido para articular una legislación que responda de forma más adecuada a las necesidades formativas de los jóvenes andaluces, pero también apoye a lo largo de la vida profesional de los trabajadores para mantenerse actualizados.

Tengamos en cuenta que Andalucía cerró 2022 con una tasa de paro juvenil del 29,26 % y desempleados de larga duración del 30%. En este contexto entra en escena la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que entró en vigor en marzo de 2022 y alcanzará su plena adopción en el curso 2023-24. Es un modelo que pretende utilizar la Formación Profesional (FP) como un catalizador de la transformación económica y social del país.

Un informe liderado por José Amador Sancho, Chief Learning Officer de FP Pro con más de 25 años en el sector de la educación de Formación Profesional, analiza con detenimiento esta nueva regulación y cómo afectará en Andalucía. La sobrecualificación de los andaluces y en el otro extremo, la falta de cualificación en competencias asociadas con Nuevas Tecnologías se vería resuelta en estas medidas incorporadas, como son la flexibilidad y la incorporación de niveles que atienden las tecnologías

emergentes.

En cuanto a la flexibilidad, responde a necesidades del alumnado de desarrollar habilidades tan importantes como la comunicación en el trabajo o formarse en otros idiomas para facilitar la internacionalización de competencias. Tengamos presente que el sector dominante en Andalucía es Servicios, con un 73,4%, donde estas competencias resultarían útiles para los trabajadores y atractivas para las empresas. Pero también Andalucía se sitúa en el tercer puesto en el ranking de CCAA por número de empresas del sector TIC, empresas que se han duplicado de 2010 a 2020 hasta superar las 3.300 empresas (Análisis panorámico de la industria TIC andaluza 2020, Invest in Andalucía). Por lo que, la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, podrá reforzar el capital productivo andaluz.

Otra novedad que señala José Amador Sancho es el cambio sobre el Módulo de Formación en Centros de Trabajo (FTC). El experto en educación de Formación Profesional evidencia como positiva la nueva

medida, pues permitirá a los alumnos andaluces realizar gran parte de su formación en las empresas y entrar desde el primer momento en contacto con ellas.

También resalta la transcendencia de la priorización de la oferta en entornos rurales, donde la despoblación afecta en numerosas regiones de

España como consecuencia del acceso deficitario a toda una serie de servicios esenciales y la falta de oportunidades laborales que una mejor profesional ayudará a paliar. Sin embargo, añade José Amador: “Me preocupan fundamentalmente los aspectos relacionados con la puesta en práctica de la FP Dual”, al referirse al tejido empresarial y su capacidad para ofrecer una experiencia adecuada a los alumnos.

En el conjunto de municipios y localidades andaluzas tenemos más de 620.000 empresas. En localidades como Sevilla serían necesarias unas 15.000 empresas comprometidas con esta causa formativa. Andalucía posee potencial, y es por ello que organismos y agentes públicos ya han iniciado una fase de reuniones con empresarios para hablar sobre el proyecto y pedir colaboración. Recientemente la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, llamó a las empresas andaluzas a sumarse a la expansión de la FP Dual en la localidad de Córdoba.

El reto se presenta formidable, pero la administración pública, los centros educativos y las empresas parecen estar coordinadas en el objetivo de fortalecer la competitividad del país y el tejido productivo mediante la conversión de la Formación Profesional en un pilar esencial para la mejora de la cualificación del capital humano. La necesidad de una nueva legislación era evidente y no sorprende que su aprobación fuera unánime por su capacidad resolutiva de problemas socioeconómicos actuales.

En este escenario y teniendo presente los dilemas planteados, puede que la Formación Profesional sea la fórmula que reposicione a los parados menores de 25 años y de larga duración de nuevo en la liga del empleo española. Y también se establezca como una opción confiable para los jóvenes andaluces que inicien sus estudios superiores.

Sobre FP Pro

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